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1. RECORDAMOS DE DÓNDE VENIMOS. PARA COMPRENDER LA ACTUALIDAD ES NECESARIO ANALIZAR LA HISTORIA.

Hace 23 años, se aprobó la Ley de Servicios Sociales de Canarias que ha servido para que hoy exista un Sistema Público de Servicios Sociales, este ha permitido a las personas que habitan en esta tierra encontrar alivio a muchas necesidades que por sí mismas no pueden afrontar. Es verdad que su desarrollo no ha sido completo pero su espíritu es claro. ¿Ha sido suficiente? Claramente no. ¿Podría haber sido de otra manera? Claramente sí.

La realidad canaria como todas las realidades humanas, ha cambiado bastante en estas dos décadas. Hay nuevas necesidades que requieren nuevas respuestas, no cualquier respuesta, sino la que merece una ciudadanía que contribuye diariamente a la construcción de esta región y que espera la protección debida por parte de “nuestras instituciones” cuando por sí misma no alcance la solución.

2. LA PROPUESTA DEL GOBIERNO DE CANARIAS. UNA MALA RESPUESTA.

Ante esta realidad el actual Gobierno de Canarias ofrece un anteproyecto de “Ley Canaria de Acción Social y Servicios Sociales” que en un primer momento, intenta aprobar con calzador, siguiendo trámites de urgencia a la hora de recabar aportaciones de instituciones, entidades y representantes de la ciudadanía y no valorando el papel y la opinión cualificada del Consejo General de Servicios Sociales especialmente en esta materia. Un anteproyecto que refleja un profundo desconocimiento de la naturaleza de los servicios sociales, tanto de sus aspectos teóricos, como de las circunstancias que los definen en la práctica cotidiana. Un documento incoherente con errores e imprecisiones que ponen de manifiesto la falta de rigor del trabajo realizado por sus redactores. Una propuesta que abre la puerta a empresas privadas para que organicen y gestionen los Servicios Sociales Canarios. Un anteproyecto de Ley que no prevé ningún compromiso de financiación, mientras se desarrolla largamente la participación económica de las personas usuarias. Un esbozo de sistema de servicios sociales que deja fuera a todas las personas que no estén empadronadas en Canarias. En suma, una colección de promesas de futuro difícilmente creíbles que en ningún caso se pueden considerar “respuestas válidas a las necesidades de las personas que vivimos en estas islas”.

En definitiva no se ha aprovechado el proceso de elaboración de esta nueva ley como una oportunidad de evaluación, debate y participación que tanto necesitan los servicios públicos y la especial situación que vivimos.

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