Los Colegios de Trabajo Social de Canarias reiteran su preocupación ante los déficits existentes en la Renta Canaria de Ciudadanía.
Los Colegios de Trabajo Social de Canarias han vuelto a trasladar a la Directora General de Servicios Sociales e Inmigración, en la reunión mantenida en el día de ayer, su preocupación por la falta de agilización para solventar las deficiencias estructurales y de funcionamiento que persiste en la Renta Canaria de Ciudadanía (RCC).
Representantes de ambas instituciones han preguntado a la directora general de SS.SS. sobre la situación y las incidencias que están afectando tanto a la resolución de la RCC como al trabajo que deben desempeñar los profesionales del Trabajo Social encargados de los procesos de acompañamiento social.
Hasta la fecha, las medidas y acciones que se están realizando por parte del Gobierno de Canarias no son palpables para los ayuntamientos, a los que diariamente se acerca la ciudadanía para pedir información, asesoramiento y explicaciones sobre las tardanzas en sus solicitudes, revisión de situaciones o devolución de la prestación económica. Pese al anuncio de un 'Plan de choque' para la contratación de personal encargado de agiliar la prestación, los avances han sido mínimos con un aumento de plantilla que no se ajusta a la demanda existente, el personal técnico de los municipios ha venido trasladando la ausencia de avances reseñables a la vez que empeora la situación de muchas familias en Canarias. Esta situación está dificultando la puesta en marcha de los procesos de acompañamiento y de inserción social en la administración local.
Pese a la buena predisposición del personal de la consejería para atender a las peticiones del personal técnico de los ayuntamientos, existen múltiples elementos que están afectando al acceso a los dos derechos que incluye esta prestación, tanto el derecho a la prestación económica, como al derecho a itinerarios de inserción social, siendo este último el más afectado.
Algunos de los elementos que en esta reunión se han tratado han sido: la falta de profesionales, la ausencia de espacios de formación y de reciclaje profesional ante los cambios que se van introduciendo, la tardanza en la aprobación de reglamentos que desarrolle la ley, la falta de canales de información y comunicación de datos con otros sistemas, el importante volumen de solicitudes en trámite o ya concedidas. Todas estas situaciones no pueden ser respondidas desde las administraciones competentes con un "esperar hasta que llegue el turno de ese expediente", algo inadmisible atendiendo al objeto de esta renta mínima y cuyo objeto es dar respuesta a realidades que están afectando gravemente a las personas en situación de pobeza y/o exclusión social.
Ante esto, los Colegios profesionales han vuelto a solicitar acciones inmediatas y efectivas para solucionar esta situación y garantizar los derechos de las personas más vulnerables en las islas.
Las administraciones competentes, tanto a nivel autonómico como municipal, deben tomar medidas urgentes para que en 2025 se pueda ya contar con personal suficiente, contar con las herramientas tecnológicas adecuadas, reducir los tiempos de atención y espera, solucionar los cobros indebidos, asegurarse que cada solicitud se gestione con la celeridad y seriedad que merece cumpliendo los plazos establecidos por ley y facilitar procesos de trabajo y recursos para el acceso a procesos de inclusión social adecuados.
Los Colegios de Trabajo Social de Canarias también tienen solicitada una reunión con la FECAM para tratar este tema, estando a la espera de que desde dicho organismo den respuesta a dicha solicitud.