El Gobierno informa: a partir de septiembre asociaciones de vecinos podrán acreditar el Grado de dependencia
El acuerdo, adoptado en el día de hoy, según afirma el ejecutivo, es una medida encaminada a lograr la simplificación administrativa y descentralización del procedimiento.
Según afirma la responsable del área, “las asociaciones de vecinos son instituciones descentralizadas que conocen a todas las personas de su barrio y municipio”. Además, apunta, “¿Quién mejor que un vecino o una vecina para conocer cómo te ha ido y saber si tu autonomía personal se ha visto reducida en los últimos años?”
Con esta medida, el vecino o vecina interesada en solicitar su grado de dependencia deberá acudir a ‘los sábados de baile’ que llevará a cabo cada asociación, siendo valorada sobre la marcha por la persona de la Junta Directiva que se encuentre en el local.
Las juntas directivas recibirán una formación especializada en Dependencia así como el cuestionario tipo test que deberán pasar al vecino/a solicitante. Así mismo se les proveerá de una impresora que expedirá sobre la marcha el reconocimiento de grado.
Surrealista, ¿verdad? porque esta noticia es falsa y supondría intrusismo profesional y un atentado a los derechos de las personas. Pues bien, algo similar se pretende llevar a cabo con el nuevo Decreto para la valoración de la Dependencia en Canarias.
¿Sirve cualquier profesional para realizar las valoraciones de dependencia y las necesidades de una persona con dependencia? ¡La persona usuaria requiere garantías!
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Tras un 2023 convulso en el ámbito de la dependencia en Canarias, el transcurso de este 2024 no ha sido mucho mejor. Las trabajadoras y trabajadores sociales veníamos poniendo sobre la mesa diversas preocupaciones en lo relativo a la sobrecarga laboral, carencia de recursos y problemas en la coordinación, cobrando ahora especial relevancia ante la inminente aprobación del decreto que regulará el procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia. Documento que, pretendiendo reducir la respuesta administrativa, pudiera descuidar otros aspectos fundamentales haciendo peligrar el propio sistema.
Este decreto establece una modificación completa de toda la estructura, funcionamiento y criterios en relación a la tramitación, gestión y resolución del procedimiento. No estamos hablando de un trámite más. No estamos hablando de cifras. Estamos hablando de personas y del conjunto de servicios y prestaciones económicas destinados a la promoción de la autonomía personal, la atención y protección a las personas en situación de dependencia.
El proyecto de decreto que se nos presenta parece olvidar que la elaboración adecuada de las valoraciones y los PIA depende de una evaluación precisa y detallada, lo cual requiere suficiente tiempo y recursos. O que la implementación efectiva de estos mecanismos requiere una coordinación ágil y recursos suficientes. Así mismo este nuevo decreto reduce significativamente las menciones y responsabilidades específicas asignadas a las y los trabajadores sociales. Y nos preocupa.
Pareciera que, al amparo de “lo social”, cualquier profesional es válida, las herramientas pudieran modificarse libremente, o las funciones fueran maleable. También decíamos que las disciplinas comparten líneas de intervención comunes pero esto no puede ni debe ser la base para la asignación arbitraria de profesionales en las distintas prestaciones y servicios o la creación de nueva terminología ambigua para aglutinar las consideraciones técnicas de cada ámbito de conocimiento.
Nos encontramos así con los “informes de entorno” o con una Comisión Técnica de Valoración de la Dependencia “integrada por un equipo multidisciplinar de carácter público, encuadrado en el modelo biopsicosocial.” con muy pocas concreciones profesionales que fulminan a los y las trabajadores sociales como profesionales de referencia, así como una de sus herramientas fundamentales como es el informe social.
Así mismo, nos sigue preocupando la posible delegación, en administraciones u otros sistemas públicos o en entidades privadas, como partícipes del procedimiento de valoración y en la elaboración de los informes. Nosotras lo llamamos privatización o externalización.
Reconocemos los esfuerzos realizados por el Gobierno para modernizar y simplificar los procedimientos administrativos. Sin embargo, este decreto, tal como está formulado, presenta una serie de desafíos y preocupaciones que no podemos pasar por alto y que, de ser implementado, tendrán efectos negativos para las personas usuarias del sistema de dependencia.