El Colegio de Trabajo Social de Santa Cruz de Tenerife alerta sobre las consecuencias de la 'macroprivatización' del Servicio de Ayuda a Domicilio
El Colegio de Trabajo Social de Santa Cruz de Tenerife denuncia la precarización y desprofesionalización del Servicio de Ayuda a Domicilio: "La externalización masiva y la reducción de coordinadores ponen en riesgo la autonomía y la calidad de vida de 1.500 personas usuarias en situación de dependencia".
La medida, que se justifica en la "supuesta ineficiencia de la gestión fragmentada por cabildos y ayuntamientos", supone que este servicio esencial deje de ser provisto y gestionado directamente por la Administración Pública, delegando su ejecución en una entidad privada.
El Colegio profesional advierte que esta "macroprivatización" no solo externaliza la prestación del servicio, sino también su vigilancia, seguimiento y control, generando una dependencia institucional de terceros para funciones críticas que deberían mantenerse en el ámbito público. Este modelo compromete el papel del Sistema Público de Servicios Sociales como gestor directo y garante de la calidad.
La externalización del SAD y de su control, denuncia la entidad colegial, evidencia una privatización y desmantelamiento de la gestión pública especializada.
El análisis de los pliegos revela cuatro puntos críticos que amenazan la eficacia y la calidad del Servicio en Canarias:
1. Desprofesionalización de la Coordinación.
La coordinación técnica del servicio es un elemento esencial, ya que implica la primera valoración, la planificación de tareas y horarios, y la garantía de continuidad y calidad de la atención.
Sin embargo, el pliego de condiciones establece que bastará con acreditar experiencia en coordinación de SAD y el título de Bachillerato o Ciclo Formativo de Grado Superior, equiparando estos requisitos al título universitario de Trabajo Social o Psicología.
El Decreto 5/1999, en su Capítulo V, Artículo 13, ya establecía que, para conseguir una integración, seguimiento y regulación del servicio, la prestación del SAD requiere una intervención de entre otros, Trabajadores/as Sociales de la red básica de servicios sociales, concretando en el Artículo 14 del mismo Decreto las funciones que corresponden a la figura del Trabajo Social especificando la de coordinación del servicio.
Cabe recordar que el Trabajo Social es la disciplina especializada en el análisis del contexto social, la gestión de casos y la intervención familiar y comunitaria. Permitir que se acceda al puesto de coordinación basándose únicamente en la experiencia técnica o en titulaciones no sociales, pone en riesgo el que se priorice la eficiencia logística sobre la calidad de la intervención social y la "Atención Centrada en la Persona".
La permisividad del pliego con relación a la titulación exigida para los puestos de coordinación, especialmente al admitir la experiencia laboral como sustituto de una titulación especializada, debilita la garantía de una intervención social cualificada y del seguimiento integral que exige el Decreto de 1999, el cual establece la obligatoriedad de contar con un equipo técnico multidisciplinar liderado por profesionales del Trabajo Social.
Por tato, esta flexibilidad en el perfil ignora el papel ireemplazable del Trabajador Social, quien es profesionalmente mandatado por la propia normativa canaria reguladora del servicio. Una vez más se pretende eliminar la figura del Trabajador/a Social de los procesos, cuando la Ley de Servicios Sociales establece que es el profesional de referencia.
2. Número Insuficiente de Coordinadores para la Complejidad Territorial.
El pliego prevé un equipo de solo seis profesionales (un responsable y cinco coordinadores) para la atención de unas 1.500 personas usuarias en cuatro islas (Tenerife, Fuerteventura, Lanzarote y La Gomera).
Esta dotación es claramente insuficiente. Un único coordinador deberá asumir la responsabilidad de tres islas, lo que hace inviable el cumplimiento de las funciones básicas: visitas de seguimiento domiciliario, gestión de incidencias o detección de situaciones de soledad no deseada, abuso o maltrato.
La dispersión territorial y la dobe insularidad exigen una estructura más amplia y realista si se quiere garantizar una atención de calidad.
3. Riesgo de Pérdida de Calidad: Supervisión reducida al control administrativo.
El sistema de supervisión previsto en los pliegos se limita a un control documental de cumplimiento horario mediante sistemas de geolocalización y registros de presencia. La supervisión in situ se contempla únicamente mediante muestreos puntuales, lo que convierte la evaluación de la calidad en un ejercicio sin análisis social.
Los pliegos definen que la supervisión es fundamentalmente "un trabajo de control (que se realiza principalmente en oficina: examinar la documentación de cumplimiento de horarios, rutas, n.º de personas asistidas...). Aunque se contempla la supervisión in situ, esta se realizará mediante "muestreos puntuales".
Esto es insuficiente para un servicio cuyo objetivo princiapl es la "mejora de la calidad de vida y promoción de la autonomía de las personas" y la atención de la soledad, el abuso y el maltrato.
La calidad asistencial no puede medirse solo con indicadores de gestión. Debe implicar valoraciones sociales continuas, que garanticen el buen trato, la dignidad y la autonomía de las personas atendidas.
4. Desconexión de la Realidad Local y los Servicios Sociales Municipales.
La desvinculación del SAD respecto a los Servicios Sociales Municipales supone un grave riesgo para la coordinación y la intervención integral.
Aunque el pliego exige "cooperación y colaboración" con los servicios municipales, la externalización total hace que esta relación deje de ser orgánica y directa, como lo era bajo la gestión pública.
Los Servicios Sociales locales son quienes mejor conocen la realidad comunitaria y la red informal de apoyo de cada usuario. Sin esa integración, se pierde la visión global y comunitaria del servicio y se dificulta la detección y el seguimiento de situaciones.
Ante esta situación, el Colegio Oficial de Trabajo Social de Santa Cruz de Tenerife exige a la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud y Familias la revisión inmediata de las condiciones de licitación del SAD, y propone las siguientes medidas:
- Blindar la figura del Trabajo Social como coordinador/a del SAD garantizando que la dirección técnica del servicio recaiga en profesionales con formación social especializada.
- Incrementar significativamente el número de profesionales dedicados a la coordinación del SAD, especialmente en islas con alta dispersión, para que las visitas de seguimiento y la atención individualizada de los 1.500 usuarios sean una realidad y no un objetivo inalcanzable.
- Establecer mecanismos de control que superen el "control de oficina", implementando protocolos de supervisión social in situ que garanticen la calidad humana, la dignidad, el buen trato y la autnomía de los usuarios, tal como exige el modelo de Atención Centrada a la Persona.
- Garantizar un marco de coordinación obligatorio y directo con los Servicios Sociales Municipales que promueva la integración orgánica y comunitaria para detectar y prevenir situaciones críticas como la soledad no deseada y el maltrato.
"La salud y la autonomía de las personas en situación de dependencia son derechos irrenunciables. La calidad de la atención social no puede subcontratarse a costa de la profesionalidad y la cobertura territorial", concluye el Colegio.
Esta fórmula, que se presenta como solución a la ineficiencia del modelo anterior, perpetúa una visión meramente administrativa del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, y desvirtúa los principios de la Atención Centrada en la Persona.
El Colegio de Trabajo Social de Santa Cruz de Tenerife reafirma su defensa de un Sistema Público de Servicios Sociales gestionado y liderado directamente desde la Administración, como única garantía de calidad, equidad y justicia social.